LA DIRECTORA DE GENERAL DE JUSTICIA AVANZA NOVEDADES RESPECTO A LA OPOSICIÓN DE LOS CUERPOS GENERALES



La Directora General de Justicia, Esmeralda Rasillo, en su entrevista concedida ayer al periódico digital "El Confilegal", deja entrever alguna información que consideramos de especial interés para el opositor. A continuación os dejamos la citación textual de sus palabras para el aludido diario:

¿Cuándo se van a convocar las oposiciones a los diferentes cuerpos de funcionarios de justicia?
En junio van a salir las primeras convocatorias. En el último semestre habrá otra convocatoria libre y una última en el primer cuatrimestre de 2020. En total, en todo este proceso van a ser más de 10.000 plazas de gestión, tramitación y auxilio. Tanto de concurso oposición como de turno libre.
Ahí tienen un problema con los interinos…
A veces falta rigor en la exposición. El sistema es el siguiente. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que luego se remite al Estatuto Básico del funcionario, establece los sistemas de acceso: oposición libre, concurso-oposición y, con carácter excepcional, el concurso.
En estas convocatorias se combina la oposición libre con el concurso oposición, sistema este último que, como usted sabe, consiste en valorar los méritos que aporten los aspirantes al puesto, además de la nota de las pruebas.
El concurso oposición se ha diseñado de tal manera que en el primer examen, que es de conocimientos, la mínima es un 60 por ciento. Es decir, que el que sepa el temario va a pasar ese corte. Y el 40 por ciento es concurso oposición.
Si hay un opositor que saca una nota elevada pasa a concurso oposición, donde se valora el tiempo trabajado y el concurso de méritos. Lo que se busca es capacidad, mérito y competencia.
Es algo equilibrado y fue pactado el 4 de diciembre con los sindicatos.
El concurso, respondiendo a lo que se dice en algunos foros, tiene un carácter absolutamente excepcional y se tiene que aprobar por ley.
Créame si le vuelvo a repetir que hemos hecho muchísimas cosas en ocho meses. Más que en cuatro años, con unos presupuestos aprobados por el Gobierno anterior, y prorrogados.
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